El auténtico poder del Estado radica en la justicia. Por mucho parlamento que legisle, las leyes siempre son interpretables y su interpretación está en manos de los jueces. Al final, el poder real se concentra en los tribunales superiores. En el caso español son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional: ellos deciden en última instancia, son inapelables.
Por ello, en un país tan politizado como el nuestro, tener una mayoría de afines en estos tribunales garantiza el poder aunque se esté en la oposición. De ahí los constantes recursos del Partido Popular a cualquier ley que les importe y les haya desagradado. Recurrieron el Estatuto de Catalunya, aprobado por el parlamento autonómico catalán y por el parlamento español y, en cambio, modificado al final, y tras años de deliberaciones y cambios en su composición, por un tribunal compuesto por doce miembros. Recurrieron también la ley del aborto y el tribunal todavía no se ha pronunciado, aunque es esperable que dejen algunos artículos sin validez. Recurrieron la ley del matrimonio homosexual. Recurren, en fin, todo aquello que no les gusta y, en general, saben que saldrán bien librados, porque supieron hacer muy bien su trabajo y situar a sus afines. Luego, cuando tocaba modificarlos mientras era el PSOE el que tenía la mayoría parlmentaria, se dedicaron a bloquear las renovaciones utilizando mil artimañas, porque sabían que les convenía mantener la situacióh del momento.
Ahora que el PP está de nuevo en el poder (con mayoría absoluta, no lo olvidemos), una de las primeras cosas que ha hecho, ayer, casi de tapadillo, ha sido anunciar que modificará la Ley que regula la elección del Consejo General del Poder Judicial, con el argumento de que, precisamente, el proceso actual está demasiado politizado. Lo que no dijo, sin embargo, el gobierno es que con el nuevo sistema lo que van a hacer va a ser asegurarse la mayoría. Se puede leer una excelente explicación de ello en el siguiente artículo: El Consejo General del Poder Juidicial
Su dominio en el Tribunal Supremo le ha servido también para procesar al juez Garzón, en una serie de juicios que pasarán a la historia de las injusticias y que están dando una imagen de España en el exterior más próxima a la de los regímenes totalitarios que a los de los democráticos. Al perseguir al juez que persigue la corrupción política (de mandatarios del Partido Popular) y los crímenes de una dictadura (algunos de cuyos integrantes fueron o son también mandatarios del Partido Popular) lo que se está haciendo, en realidad, es defender la impunidad de corruptos y asesinos. Este es el resultado de la famosa transición: en Alemania se persiguen las manifestaciones en favor del nazismo y en España todos los defensores del franquismo campan por sus anchas en las cadenas de televisión y periódicos de la derecha recalcitrante que añoran aquellos tiempos en los que ningún juez se atrevía a perseguirlos, aunque siguen teniendo el poder suficiente para hundir a aquellos que se atreven a hacerlo.
Se acaba de pronunciar el veredicto exculpatorio del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y del dirigente del Partido Popular, Ricardo Costa, por el famoso caso de los trajes, que no es más que una pequeña ramificación del enorme entramado que es el caso Gürtel, instruido inicialmente por el juez Garzón, por supuesto, una de cuyas diligencias (grabar las conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados) también lo ha llevado al banquillo.
Esta vez, me dirán, ha sido un jurado popular el que ha juzgado a los presuntos delincuentes. Pero claro, han juzgado al expresidente de una comunidad en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta desde hace años. Lo normal, por lo tanto, es que la composición ideológica de los nueve miembros del tribunal popular sea una traslación de la de la comunidad y que, en él, se refleje la mayoría absoluta del PP. Además, por supuesto, de que las mil y una derivaciones del caso han hecho que tuvieran que omitir muchas de las pruebas que resulta realmente difícil no considerar que reflejan conductas delictivas y que los mil y un entresijos inexcrutables de la justicia resultan realmente difíciles de ser descifrados por un jurado popular: regalos, sí pero ¿continuados o no? ¿En función del cargo o no? ¿todos los testigos son igualmente fiables y creíbles? Es lo que sucede cuando se utilizan tribunales populares. No voy a decir que sean manipulables, pero sí que son profanos y que, por lo tanto, pueden verse alterados por el exceso de ruido procedimental.
En fin, que en este país vivimos. Y lo que nos espera cuando el Partido Popular se haya aposentado bien en el poder y haya ido extendiendo sus tentáculos por todos los órganos de poder.
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