De un país en el que para entrar a trabajar en cualquier empresa de nivel medio se pide una carrera y hablar inglés, pero en el que a los dirigentes políticos no se les exige ni lo uno ni lo otro, con lo que se acaban dedicando a ello cuatro espabilados que fomentan el choriceo, el arribismo, el clientelismo, el caciquismo y algún que otro ismo que me olvido, ¿qué se puede esperar?
Pues ciertamente no gran cosa, todo se reduce a que un grupo de profesionales de la política (donde la acepción profesional sólo significa que se dedican a ello, pero no forzosamente que sean unos expertos) consiga el suficiente número de votos para hacer y deshacer a sus anchas allí donde manden (gobernar es, definitivamente, otra cosa).
Abundan los casos de corrupción y, por mucho que el propio gremio diga que sólo se trata de una minoría, lo cierto es que uno puede ir a preguntar a cualquier pueblo o ciudad y todos los vecinos le podrán explicar mil y una historias sobre tratos de favor, subidas de sueldo, contratos, concesiones, multiempleos, etc. que, vale que no sean todas del nivel de la Operación Malaya, pero es que tampoco todo es Marbella.
Y, de los pocos que son descubiertos, la mayoría sólo tiene que dimitir de su cargo y punto. Y, de aquellos poquísimos que van a la cárcel, una ínfima parte devuelve el dinero que robó. Eso sí, todos salen prontito de su encierro y luego se pasean por las tertulias televisivas vendiendo santidad y cobrando en metálico.
Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros que somos imbéciles y los votamos? Pues sí, pero no todo es mérito nuestro. Ya se encargan ellos de destrozar el sistema educativo para conseguir que todos seamos unos completos ignorantes que no tengamos el más mínimo criterio. Llegado ese momento ya lo tendrán todo en sus manos.
No queda bien decirlo pero ¿realmente el criterio de la mayoría es fiable viendo lo que hay? Y no digamos ya cuando no la hay y los partidos pactan alianzas. ¿A algún diputado del PSC se le hubiera ocurrido redactar la ley del cine impuesta por ERC que obligará a las salas a proyectar la mitad de las películas dobladas al catalán si no fuera porque ERC tiene la llave para que todos ellos estén el gobierno? ¿Realmente es esta una ley democrática? ¿Acabaremos teniendo que ir de nuevo a Perpignan a disfrutar del buen cine, como en los tiempos de Franco?
Y qué suerte han tenido ahora los políticos catalanes con que el Tribunal Constitucional haya invalidado algunos artículos del Estatut. Ahora lo tienen de lo más fácil para que nos quejemos del agravio que ha supuesto la sentencia y nos olvidemos de los casos Pretoria o Millet, que no exijamos cuentas a nadie por haberle dado el premio de empresario modelo al traficante José Mestre ni tampoco por haber subvencionado empresas para que se quedaran y finalmente hayan decidido marcharse.
Pensábamos, inocentes de nosotros, que habíamos puesto a los políticos ahí para que gestionaran nuestro patrimonio, el bien común. Bueno, espero que todos nos hayamos dado cuenta, gracias a esta crisis (no hay mal que por bien no venga), de que cuando llega el momento de dar el callo ni saben ni pueden y se van al recurso fácil: ¿luchar contra los poderosos? No, gracias, que son grandes y fuertes. Recortemos salarios y pensiones, atrasemos la edad de jubilación, aumentemos los impuestos. Eso sí, por el bien del pueblo y de la patria, de alguna de ellas... tenemos tantas...
