miércoles, 25 de enero de 2012

El poder de la justicia. El Partido Popular. Francisco Camps

El auténtico poder del Estado radica en la justicia. Por mucho parlamento que legisle, las leyes siempre son interpretables y su interpretación está en manos de los jueces. Al final, el poder real se concentra en los tribunales superiores. En el caso español son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional: ellos deciden en última instancia, son inapelables.
Por ello, en un país tan politizado como el nuestro, tener una mayoría de afines en estos tribunales garantiza el poder aunque se esté en la oposición. De ahí los constantes recursos del Partido Popular a cualquier ley que les importe y les haya desagradado. Recurrieron el Estatuto de Catalunya, aprobado por el parlamento autonómico catalán y por el parlamento español y, en cambio, modificado al final, y tras años de deliberaciones y cambios en su composición, por un tribunal compuesto por doce miembros. Recurrieron también la ley del aborto y el tribunal todavía no se ha pronunciado, aunque es esperable que dejen algunos artículos sin validez. Recurrieron la ley del matrimonio homosexual. Recurren, en fin, todo aquello que no les gusta y, en general, saben que saldrán bien librados, porque supieron hacer muy bien su trabajo y situar a sus afines. Luego, cuando tocaba modificarlos mientras era el PSOE el que tenía la mayoría parlmentaria, se dedicaron a bloquear las renovaciones utilizando mil artimañas, porque sabían que les convenía mantener la situacióh del momento.
Ahora que el PP está de nuevo en el poder (con mayoría absoluta, no lo olvidemos), una de las primeras cosas que ha hecho, ayer, casi de tapadillo, ha sido anunciar que modificará la Ley que regula la elección del Consejo General del Poder Judicial, con el argumento de que, precisamente, el proceso actual está demasiado politizado. Lo que no dijo, sin embargo, el gobierno es que con el nuevo sistema lo que van a hacer va a ser asegurarse la mayoría. Se puede leer una excelente explicación de ello en el siguiente artículo: El Consejo General del Poder Juidicial
Su dominio en el Tribunal Supremo le ha servido también para procesar al juez Garzón, en una serie de juicios que pasarán a la historia de las injusticias y que están dando una imagen de España en el exterior más próxima a la de los regímenes totalitarios que a los de los democráticos. Al perseguir al juez que persigue la corrupción política (de mandatarios del Partido Popular) y los crímenes de una dictadura (algunos de cuyos integrantes fueron o son también mandatarios del Partido Popular) lo que se está haciendo, en realidad, es defender la impunidad de corruptos y asesinos. Este es el resultado de la famosa transición: en Alemania se persiguen las manifestaciones en favor del nazismo y en España todos los defensores del franquismo campan por sus anchas en las cadenas de televisión y periódicos de la derecha recalcitrante que añoran aquellos tiempos en los que ningún juez se atrevía a perseguirlos, aunque siguen teniendo el poder suficiente para hundir a aquellos que se atreven a hacerlo.

Se acaba de pronunciar el veredicto exculpatorio del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y del dirigente del Partido Popular, Ricardo Costa, por el famoso caso de los trajes, que no es más que una pequeña ramificación del enorme entramado que es el caso Gürtel, instruido inicialmente por el juez Garzón, por supuesto, una de cuyas diligencias (grabar las conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados) también lo ha llevado al banquillo. 
Esta vez, me dirán, ha sido un jurado popular el que ha juzgado a los presuntos delincuentes. Pero claro, han juzgado al expresidente de una comunidad en  la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta desde hace años. Lo normal, por lo tanto, es que la composición ideológica de los  nueve miembros del tribunal popular sea una traslación de la de la comunidad y que, en él, se refleje la mayoría absoluta del PP. Además, por supuesto, de que las mil y una derivaciones del caso han hecho que tuvieran que omitir muchas de las pruebas que resulta realmente difícil no considerar que reflejan conductas delictivas y que los mil y un entresijos inexcrutables de la justicia resultan realmente difíciles de ser descifrados por un jurado popular: regalos, sí pero ¿continuados o no? ¿En función del cargo o no? ¿todos los testigos son igualmente fiables y creíbles? Es lo que sucede cuando se utilizan tribunales populares. No voy a decir que sean manipulables, pero sí que son profanos y que, por lo tanto, pueden verse alterados por el exceso de ruido procedimental.
En fin, que en este país vivimos. Y lo que nos espera cuando el Partido Popular se haya aposentado bien en el poder y haya ido extendiendo sus tentáculos por todos los órganos de poder.

miércoles, 4 de enero de 2012

Urdangarín y Rajoy dos síntomas de un país atrasado

En el caso Urdangarín no sólo debería juzgarse la actuación del principal protagonista, sino la de todos aquellos que hicieron posible su enriquecimiento y, en general, debería hacernos reflexionar sobre el muy bajo nivel profesional que han mostrado nuestros políticos y empresarios.
¿Nadie va a investigar a esos directivos de las compañías y a esos políticos de las administraciones que lo contrataron "por ser quién era", como si todavía viviéramos en los tiempos caciquiles del siglo XIX? Al fin y al cabo demostraron no ser dignos de los cargos que ocupan ya que no se atuvieron a criterios profesionales sino de conveniencia política, sin importarles que estaban tirando el dinero, que en la mayoría de los casos, además, no era suyo.
La marca Urdangarín
Por ser él quien es

¿Por qué un directivo empresarial o un político firmaba un contrato caro para un asesoramiento que no necesitaba para estar a bien con la familia real? ¿Qué pretendía conseguir a cambio? ¿Seguimos viviendo todavía en esa clase de país?


Bueno, vivimos en la clase de país que tiene un gobierno del Partido Popular, presidido por el salvador Mariano Rajoy, que ha decidido recortar 600 millones del presupuesto en investigación científica y tecnológica (Recorte en ciencia y tecnología), que congela el salario mínimo interprofesional, que da a los pensionistas con una mano lo que les quita con la otra, que resta capacidad de consumo a los trabajadores, que frena las inversiones del gobierno en infraestructuras, tan necesarias para recuperar un poco el tono vital de nuestra economía y no sumergirla en la recesión, que avala las deudas de la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España tras los muchos años de gobierno del PP (¿qué excusa del pasado tienen ahí?).
Más allá de los trajes de Camps y de todo el entramado de la red Gürtel, sirva como ejemplo de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana  la Ciudad de las Artes de Valencia, encargada al arquitecto oficial Santiago Calatrava, presupuestada inicialmente en 308 millones y que acabó costando 1.300. Sólo esta desviación presupuestaria ya es nueve veces el importe de la deuda valenciana que el Estado ha tenido que avalar, a lo que hay sumar los problemas de inundaciones que presentó, el tremendo coste de mantenimiento que supone y que cada año pierde unos cuántos millones de euros porque no da los beneficios esperados. Lo mismo sucedió con el megalómano Fraga y su proyecto en Santiago de Compostela o el caso Palma Arena del ex presidente (y ex ministro) Jaume Matas (en relación con todos estos proyectos arquitectónicos puede consultarse el excelente libro Arquitectura milagrosa, de Llàtzer Moix, editorial Anagrama, 2010).

¿Dónde esperamos llegar con estas medidas, con estos comportamientos, con esta cultura? ¿Conseguiremos alguna vez generar otros empleos que los de la construcción? ¿Seremos capaces de atraer turistas mejores que los de los paquetes tirados de precio para las borracheras del fin de semana? ¿Podremos frenar la fuga de nuestors mejores estudiantes y emprendedores que se marchan al extranjero para desarrollar sus carreras? ¿Educaremos a nuestros hombres para que en lugar de matar a sus compañeras y luego suicidarse empiecen al revés? ¿Tendremos alguna vez empresarios que se preocupen por el futuro en lugar de buscar el dinero fácil en el presente sin importarles a quién explotan ni cuánto va a durar su negocio? ¿Acabaremos con el derroche que suponen tantas y tan descontroladas administraciones? ¿Seremos capaces de tener unos colegios y universidades que eleven el nivel cultural de nuestros estudiantes? ¿Podremos, algún día, tener unos políticos prreparados, que sepan idiomas, que actúen por el bien común, que se dejen de luchas de partidos (internas y externas), que no se preocupen por repartir cuotas de poder sino por escoger a los mejores, que dejen de atender intereses que no son los que deberían? ¿Qué formación se le exige a cualquier alcalde, concejal o miembro del gobierno de una comunidad autónoma para permitirle ocupar su puesto?
Preguntas, preguntas, preguntas...
 



domingo, 1 de enero de 2012

Los chistes sobre Urdangarín y las bromas de Rajoy.

   En apenas un par días ya me han llegado dos chistes sobre Urdangarín. El primero dice que el susodicho este año le ha pedido los regalos a Papa Noél, porque no cree que los reyes le traigan nada. El segundo dice que algunos, en lugar de pedirle regalos a los reyes, preferían pedírselos a su yerno. Es como funciona nuestro país: somos capaces de reírnos de todo, pero incapaces de hacer las cosas como es debido. 
   No nos quejamos de que la justicia sea tan lenta que los numerosos casos de corrupción que han aparecido todavía no se hayan resuelto y que muchos de los imputados todavía estén en libertad y sin que el dinero aflore. No sólo eso, los aplaudimos por la calle cuando entran a los juzgados o los contemplamos en la tele mientras cantan, bailan o peroran contra el Estado y la democracia. No hace mucho, Telecinco ha sufrido un castigo publicitario por haber llevado a La Noria, pagando, a la madre de un delincuente confeso; en Nochevieja, en cambio, Isabel Pantoja actuó de artista invitada sin que nadie se rasgara las vestiduras. Sí, ya sé, no ha cometido ningún asesinato ni tiene todavía ninguna condena en firme, pero tiempo al tiempo, quienes tengan memoria o hemeroteca que busquen a Lola Flores pidiendo una peseta a cada español para saldar su deuda con Hacienda y los que sean más jóvenes que se acuerden de Farruquito llenando teatros y siendo entrevistado en todas partes mientras sus abogados reclamaban dinero a la mujer que él había dejado viuda conduciendo sin carné, huyendo e intentando colarle el hecho a su hermano menor de edad. Nos da igual: somos muy dados a compadecernos de quien no lo necesita pero sabe cómo hacernos sentir lo contrario con ese desgarro con el que nos cuentan sus supuestas desgracias, reales o imaginarias, esos auténticos patriotas de España. Desde ex banqueros ex presidiarios hasta dudosos artistas de más que dudosas ganancias. No me extrañaría que un día de estos viéramos a Ruíz Mateos como comentarista de alguna intercadena de intertelevisión hablando de intereconomía.
   No nos quejamos de tener a un ministro de economía que fue dirigente de Lehmann Brothers cuando ese banco se venía abajo fruto de su especulación y servía de detonante de toda la crisis que nos ha caído después encima, o sea, que no nos quejamo de que el nuevo salvador de la patria, Mariano Rajoy, le haya encargado al pirómano que apague el fuego. ¿Sería posible un nombramiento más insultante? No, sin duda, pero seguro que pronto lo arreglaremos con algún chiste: ¿qué tal si nos cantara la canción Brother, can you spare a dime?
   Ni nos quejamos de que las primeras medidas del nuevo gobierno (probablemente dictadas por el ex directivo de Lehmann Brothers) sean contrarias al programa electoral del Partido Popular, que debería ser lo que guiara su política ya que, se supone, es el motivo por el cual los electores lo votaron, ¿o no es así? Tal vez no, porque el otro día escuché decir  a un tertuliano (en el todavía imparcial canal 24 horas) que entre un gobierno que falte a su programa y otro que haga lo que tiene que hacer, prefiere al segundo. Es decir: olvidémonos de campañas, porque no tienen ninguna importancia, sólo sirven para favorecer la mentira de los políticos (¡como si les hiciera falta ese empujoncito!), tal vez por ahí ahorraríamos una buena cantidad de dinero con la que compensar a los pensionistas a los que Rajoy ha aumentado la pensión el 1% con una mano y el IRPF con la otra, dejándolos como estaban, en lo que no es precisamente una broma, pero que a buen seguro pronto será motivo para algún chiste gracioso. Como ese que dice que congelar el salario mínimo interprofesional es una forma de ayudar a los menos favorecidos, ¿se lo habían contado?