El debilitamiento de la democracia: Montoro y la purga de la Agencia Tributaria

En marzo de este año, el gran historiador Josep Fontana publicó un artículo en El Periódico titulado La deriva nazi del Partido Popular en el que detallaba las acciones que el partido en el gobierno estaba emprendiendo para debilitar la capacidad de protesta y resistencia de los ciudadanos, de forma semejante a como lo habían hecho los nazis en Alemania, es decir, aprovechando que la democracia les había permitido instalarse en el poder para desde allí acabar con ella de forma que pudieran aplicar las medidas que solo beneficiaban a ellos y los suyos sin que los ciudadanos pudieran protestar, puesto que todo lo que no era adhesión se consideraba delito y era perseguido.

Aquí en España tenemos algunos claros ejemplos de este tipo de actuación, sin duda menos radical, pero que está resultando igualmente muy efectiva:

• El nombramiento político de los principales cargos del poder judicial (incluyendo al Tribunal Constitucional), con lo que el gobierno sabe que puede contar con el respaldo de la justicia si se recurre a ella.
• El mayor poder que se está dando a la Iglesia Católica y, por lo tanto, a su capacidad de influir en la sociedad, con lo que ello conlleva de fomento de la represión y de la aceptación de las desigualdades (mi reino no es de este mundo).
• La reforma laboral, que, en una época con un desempleo desorbitado, instala el miedo en el cuerpo de los trabajadores, que aceptarán cualquier presión de sus empleadores para no perder su puesto de trabajo.
• La ley Wert, que fomentará la división de la sociedad en dos grupos: aquellos que puedan pagarse sus estudios y conseguir puestos directivos y todos los otros, que saldrán mal preparados y, por lo tanto, aceptarán trabajos mal pagados porque no estarán en condiciones de aspirar a uno mejor y, sobre todo, porque no estarán en condiciones de ser conscientes de lo que les están haciendo, porque estarán sometidos a la ignorancia y a la escasa capacidad de razonamiento que el sistema de enseñanza les proporcionará.
• La ley Fernández de restricción de la libertad de reunión y manifestación, digna del más oscuro franquismo y que hasta ha provocado las quejas del defensor de los derechos humanos de la comunidad europea. Una ley dictada para evitar que los perjudicados puedan hacer oír su voz.
• Todo el entramado jurídico que está montando el ministro Gallardón (¿recuerdan?, es aquel que nos vendían como progre) que, entre otras cosas, encarece el coste de la administración de justicia, para así impedir que los que disponen de pocos recursos puedan acudir a la justicia para defender sus derechos.

La lista es mucho más larga, pero solo he querido citar aquí algunos ejemplos para terminar comentando lo que me parece la prueba explícita de que todo responde a una clara intención política, que no es precisamente la de mejorar el país y la vida de sus ciudadanos, sino la de eliminar toda discrepancia en cualquier ámbito. 

Esta prueba son las palabras de ayer del ministro Montoro, referidas a la depuración de cargos que se está haciendo en la Agencia Tributaria, cuando dijo que es que estaba llena de socialistas.

Es decir, el problema no es que fueran incompetentes o que hicieran mal su trabajo, el problema es que eran de una opinión distinta, tal vez la de que no se debía dejar que las grandes empresas no cumplieran con hacienda, y por eso han sido apartados de sus cargos.

Seguramente lo peor que le puede pasar a un estado, porque es síntoma de que va a actuar contra sus ciudadanos, es que:

• sus funcionarios de primer nivel sean nombrados por criterios políticos y no técnicos.
• sus políticos sean unos corruptos
• su policía inspire miedo a los que debería servir.

Pues solo hace falta repasar un poco la situación para ver dónde estamos